Añade El País datos sobre negocios turbios de Anaya

El diario español El País publicó en su edición de este miércoles 14 de marzo, datos adicionales sobre presuntos negocios ilícitos del candidato presidencial Ricardo Anaya, en operaciones en las que además utilizó firmas falsas.

El diario publicó declaraciones de dos abogados involucrados en la ingeniería de lavado de dinero y que se plegaron a una figura jurídica que les permite reconocer sus actos ilícitos, resarcir el daño y no ser juzgados.

En sus declaraciones, ambos detallaron el esquema con el que, supuestamente, hicieron llegar 2,9 millones de dólares a Manhattan Master Plan, la empresa que compró la nave industrial a Ricardo Anaya, a través de la compañía Juni Sierra, cuyo administrador único es el suegro del candidato.

El País destaca que, según fuentes oficiales, las primeras indagatorias se realizaron desde la Secretaría de Hacienda a finales de 2016, cuando se conocieron las primeras informaciones sobre la venta de la nave industrial.

El titular de Hacienda era José Antonio Meade, actual candidato presidencial del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los abogados son David Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, quienes solicitaron a la PGR someterse a la figura jurídica de “criterio de oportunidad”, por la cual pueden reconocer su participación en un acto ilícito, resarcir el daño y no ser juzgados.

Galindo y Rodríguez, socios de varias de las empresas investigadas en la red, comparecieron el 26 y 29 de enero, respectivamente, ante la PGR.

Tanto Galindo como Rodríguez señalan que fueron contratados por Manuel Barreiro, un empresario de Querétaro vinculado a Anaya.

Galindo dijo -relata el diario- que Barreiro les indicó que no quería que se le relacionase con el candidato, por lo que requería de sus servicios “con la finalidad de que perdieran el rastro del dinero, mediante una estructura financiera y corporativa que deberíamos diseñar”.

Por su parte, Daniel Rodríguez, apuntó: “El propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a Juni Serra, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble”.

De esta forma, prosigue, se lograría “hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa, esto, seguramente, por la gran relación de amistad que guardan Manuel Barreiro y Ricardo Anaya, desde hace muchos años”.

Además, el reportaje de El País revela que Salvador Cosío, el notario que supuestamente firmó algunos de los documentos de compra-venta y cambios accionarios, negó la pasada semana ante la PGR haberlo hecho.

En su declaración Cosío asegura que no conoce a la persona de Manhattan Master Plan que solicitó el procedimiento ni al abogado al que los operadores recurrieron para el mismo y que, según el testimonio de Daniel Rodríguez, trabajaba en esa notaría.

“No se trata de mi firma”, afirma Cosío, quien también señala que los documentos no contienen algunas características que acostumbra a tener su forma de proceder.

Después de no reconocer su firma en tres documentos, Cosío formuló una querella por falsificación de los mismos.

Cosío no es el único en poner en duda el traspaso de poderes. También la semana pasada, Humberto Hernández, esposo de María Amada Ramírez, la otra accionista original de Manhattan Master Plan, y que ha ejercido como contador de Barreiro, aseguró ante la PGR que nunca tuvieron constancia de la existencia de la compañía.

Hernández declaró que se habían enterado por los medios de comunicación, por lo que asegura que todos los documentos con la firma de su mujer “son falsos”.

Lo mismo ocurre, según su declaración ante la Fiscalía, con los de Juan Carlos Reyes.

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