PAN y PRI entran en ruta de confrontación judicial

En medio de un violento intercambio verbal, los equipos de campaña de PAN y PRI se acusaron mutuamente de actos de corrupción para inhabilitar a sus respectivos candidatos a la presidencia de la República.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y los dirigentes de ocho de los nueve partidos políticos nacionales que participarán en la jornada electoral del próximo 1 de julio, se reunieron ayer y se acordó iniciar reuniones periódicas para analizar cuestiones de seguridad a nivel regional, pero también para atender cualquier situación relacionada con los candidatos presidenciales o locales. MORENA no acudió tampoco a esta reunión.

Pero más allá de estos encuentros, PAN y PRI subieron el tono de sus ataques y por un alado, La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Instituto Nacional de Migración activar la alerta migratoria contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, para mantener vigilados sus movimientos.

Barreiro Castañeda es señalado de encabezar una compleja red de lavado de dinero, según denunció ayer el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, al explicar la compra de un terreno al ahora candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Ricardo Anaya y su familia pasaron, en 14 años, de tener seis inmuebles por 21.3 mdp, a tener 33 con valor de 303 mdp

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia informó que en octubre del año pasado recibió una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que lo cual inició carpeta de investigación.

El abogado Joaquín Xamán McGregor acusó al candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, de lavado de dinero, al comprar un lote –a través de su empresa Juniserra– en 10 millones de pesos y luego venderlo como nave industrial en 54 millones de pesos a una empresa fantasma. Esto, según la denuncia, fue posible gracias a una serie de triangulaciones financieras que incluyeron prestanombres.

En respuesta, En la Cámara de Diputados, las bancadas que conforman la coalición “Por México al Frente”, presentaron ante la Junta de Coordinación Política, una solicitud para llamar a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles.

Lo anterior, indicaron los coordinadores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), para que explique los desvíos de recursos públicos por más de dos mil millones de pesos, durante su administración en ese despacho y en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En un comunicado, detallaron que el planteamiento se presentó ante la Junta de Coordinación, donde los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Verde (PVEM) y él Partido Nueva Alianza (Panal), votaron en contra.

En medio de esta escalada de violencia verbal y mediática, El equipo de campaña del candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-NA), José Antonio Meade Kuribreña, se deslindó de estar detrás de las acusaciones de corrupción y lavado de dinero en contra del candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya.

“Que no esté inventando Anaya que éstas acusaciones vienen de nuestra campaña (…) Si hay una campaña que ya prendió -pero en llamas- es la de Ricardo Anaya”, enfatizó el vocero de la campaña de Meade, Javier Lozano Alarcón.

En conferencia de prensa, el también senador de la República, manifestó que es sumamente delicado y grave, que en una campaña presidencial, uno de los contendientes esté siendo objeto, directa o indirectamente, de una investigación federal por lavado de dinero.

Ya enconados los ánimos, La bancada del PRD en la Cámara de Diputados pidió aprobar los cambios que permitan eliminar el fuero constitucional, para evitar que personajes cuestionados obtengan inmunidad al ocupar candidaturas.

El diputado Rafael Hernández, se refirió en particular al actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz, señalado por anomalías como la cancelación del Tren México-Querétaro y el socavón abierto en el Paso Exprés de Cuernavaca.

Verónica Delgadillo entregó más de 58 mil firmas para exigir a EPN que renuncie a su futura pensión y privilegios.

La diputada ciudadana Verónica Delgadillo fue a la Residencia Oficial de los Pinos para entregarle al presidente Enrique Peña Nieto más de 58 mil firmas ciudadanas que exigen que se eliminen las pensiones vitalicias de los ex Presidentes.

En la reunión de partidos con el Secretario de Gobernación, se precisó que durante una reunión que se llevó a cabo este miércoles en la sede de la Secretaría de Gobernación, estuvieron los presidentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda; del Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza; de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Granados; del Trabajo (PT), Alberto Anaya.

También del Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Alberto Puente y el dirigente nacional de Nueva Alianza (Panal) Luis Castro Obregón, y de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Alejandro Chanona Burguete; de Nueva Alianza (Panal), Luis Castro Obregón y de Encuentro Social (PES), Abdies Pineda Morín.

Tanto a los encuentros previos que sostuvo Navarrete Prida con los representantes de los partidos políticos, como al de ayer, decidieron no asistir los representantes del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

De los acuerdos alcanzados, se indicó que a partir de la próxima semana se iniciará la serie de encuentros, y en esa primera reunión se presentará un diagnóstico de la seguridad por regiones del país, para ser complementado con la información que cada partido político pueda aportar.

Asimismo, “se establecerá un mecanismo ágil para recibir las alertas tempranas que los partidos políticos comuniquen, a fin de brindarles de manera inmediata el auxilio y respuesta a los riesgos o incidentes que identifiquen”.

Según se dijo, a través de la Secretaría de Gobernación se buscará garantizar que este mecanismo de coordinación se replique con las autoridades de los demás órdenes de Gobierno “para dar seguimiento puntual a estos casos, respetando y acompañando a la instancia que esté conociendo sobre los hechos”.

Los partidos y el Gobierno federal –la Segob-, acordaron que el mecanismo de trabajo buscará auxiliar desde las instancias de seguridad del Gobierno de la República a los partidos políticos, en todas aquellas inquietudes que tengan en materia de seguridad sobre sus candidatos y militantes.

También coincidieron en medir la eficacia institucional sobre la responsabilidad que recae en las autoridades para estos efectos, en materia de seguridad.

Navarrete Prida junto con los representantes de los partidos políticos que acudieron al encuentro, exhortaron a quienes, no obstante ser invitados al encuentro no lo hicieron, “para tener una mesa integrada por todos y se sumen al diálogo plural y al mecanismo de coordinación en materia de seguridad de cara al proceso electoral”, se indicó.

 

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