Un margen de error de casi 10%, es un gran error, revira TEPJF al INE

Si se abordara el asunto de otro ciudadano, no se generaría la oleada de señalamientos que se dieron por el asunto de ‘El Bronco’. Fue la respuesta tronante del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que llevó la ponencia para instalar en las boletas electorales al controversial gobernador con licencia de Nuevo León.

Colocado en la cresta de la ola, que ponen en vilo la credibilidad del máximo órgano de justicia electoral que tiene el país, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado ponente dijo que el fallo emitido no involucra otras investigaciones, como las relacionadas con las anomalías en las firmas que presentó el candidato independiente a la Presidencia.

A su vez el magistrado José Luis Vargas indicó que en la etapa de revisión de las firmas, Rodríguez Calderón recuperó ocho por ciento de firmas válidas que habían sido referidas con inconsistencias, pero que no pertenecían a las señaladas de personas fallecidas ni de fotocopias.

“Si aceptamos que hay un ocho por ciento de inconsistencias que el ciudadano logra rescatar en los procesos de verificación, la verdad es que es muy cuestionable el grado de error que tuvo la autoridad.

Un ocho por ciento de error, es decir, casi 10 por ciento del trabajo de la autoridad que estuvo deficiente me parece que sí es un aspecto que como juzgadores tenemos que dar el beneficio de la duda y hacer valer la presunción de inocencia”, manifestó.

Al respecto, Fuentes Barrera indicó que la decisión sobre si se deben iniciar investigaciones y fincar responsabilidades recae en el propio INE.

La magistrada Soto aseguró que sí existen diferencias entre los casos de ‘El Bronco’ y de Ríos Piter debido a que el primero sí ejerció su derecho de audiencia y recuperó apoyos, por lo que existían pruebas para apoyar la reparación, basada en estándares internacionales, y otorgar el registro de la candidatura.

En tanto, explicó, ‘El Jaguar’ no hizo válido su derecho de audiencia debido a que argumentó que le sería imposible verificar en cinco días más de 900 mil firmas, por lo que se le otorgaron 10 días para que verifique sus apoyos.

Los magistrados insistieron que tomaron en cuenta el hecho de que los aspirantes acudieron “a ciegas” para verificar sus firmas debido a que el INE fue omiso al no otorgarles algún medio de resguardo.

 En ese sentido, Vargas consideró que en dado caso los aspirantes debieron firmar una responsiva para la protección de datos personales, para que tuvieran un comprobante de las firmas, ya que esto derivó en una situación en la que estaba el dicho de la autoridad contra el dicho del aspirante, pero este no tenía pruebas.

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